VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SINDICALES EN EL PERU

2009: Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales en el Perú

Población: 28.220.762 / Capital: Lima
Convenios fundamentales de la OIT ratificados: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

La situación de los derechos sindicales y laborales no mejoró en relación con años anteriores. Siguen registrándose despidos a dirigentes sindicales y trabajadores sindicalizados, favorecidos con la flexibilidad laboral y la falta de voluntad política de la autoridad de trabajo para prevenir y sancionar los abusos laborales.

Derechos sindicales según la ley

Libertad sindical: La Constitución reconoce el derecho de los trabajadores/as del sector público y privado a la sindicalización. No se requiere autorización previa y los trabajadores/as pueden formar sindicatos en función de su ocupación o territorio geográfico. Igualmente, éstos pueden afiliarse a organismos internacionales vinculados al ámbito laboral.

No obstante, existen ciertas restricciones a este derecho, tales como que los trabajadores/as temporales no pueden afiliarse al mismo sindicato que los trabajadores/as fijos; o el hecho de que se necesitan al menos 20 miembros para formar un sindicato de empresa y hasta 50 para sindicatos de otra naturaleza. En el caso de las empresas, este requisito sigue siendo excesivo y como consecuencia hay una carencia total de sindicatos en las pequeñas y medianas empresas.

Sigue vigente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral dictada por Fujimori, que legaliza la posibilidad de despedir sin justificación alguna al trabajador/a a cambio de una indemnización fijada por la ley. De esta forma la empresa puede presionar a un trabajador sindicalizado a que acepte la indemnización que establece la ley. Esta ley flexibilizó además al extremo las distintas modalidades de contratación. Ante la amenaza de la no renovación del contrato, los trabajadores/as optan por no sindicalizarse. Esta norma estableció también el mecanismo de los ceses colectivos bajo diversos supuestos. Si bien esto requiere aprobación administrativa previa, la Autoridad Administrativa del Trabajo no tiene capacidad legal para evaluar si en el cese están implicados de modo discriminatorio dirigentes sindicales o afiliados, por lo que dicho procedimiento se ha prestado también para encubrir despidos antisindicales.

Zonas Francas: Las zonas francas se rigen por regulaciones laborales especiales. Permiten una mayor flexibilidad en los contratos laborales, el recurso a mano de obra temporal está muy extendido y los salarios se establecen en base a la oferta y la demanda, lo que restringe la capacidad de los sindicatos para organizar a los trabajadores/as y negociar colectivamente. En el país existen seis Zonas Francas: Ilo (Moquegua), Desaguadero (Puno), ZOFRATACNA (Tacna), Matarani (Arequipa), Tumbes y Paita (Piura).

Negociación colectiva: El derecho de los trabajadores/as, tanto en el sector privado como en el público, a negociar colectivamente está consagrado en la Constitución. Ésta establece que un sindicato debe representar al menos a 20 trabajadores/as para convertirse en agente oficial para la negociación colectiva. Sin embargo, la ley que cubre a los trabajadores/as de la administración pública restringe el ámbito de la negociación colectiva excluyendo aspectos salariales.

Derecho de huelga: El derecho de huelga está reconocido constitucionalmente. Son requisitos para su legalidad, entre otros, la autorización del Ministerio de Trabajo y la aprobación por votación de la mitad más uno de los trabajadores de una empresa reflejada en acta notarial. El Ministerio de Trabajo está facultado para poner fin a la huelga si ésta compromete gravemente la empresa o el sector productivo o asume características graves por su magnitud o consecuencia. Asimismo, de la Directiva 003-2004-DNRT se desprende que corresponde a la Autoridad Administrativa del Trabajo declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga, en contradicción con los principios de la OIT, que establecen que esta facultad debe corresponder a la autoridad judicial.

En 2008, a través de la Ley 28988, la educación básica regular fue declarada servicio público esencial a los efectos del cumplimiento de un servicio mínimo en caso de huelga, lo cual según la OIT no plantea problemas de compatibilidad con el Convenio 87. En cambio sí resulta contrario al Convenio la creación de un padrón nacional de docentes alternos para reemplazar a los docentes en huelga (Resolución Ministerial 0080-2007-ED) así como la facultad de la Autoridad Administrativa del Trabajo de determinar el alcance de los servicios mínimos durante la huelga en los servicios públicos esenciales, en caso de divergencia entre las partes.

Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008

Contexto general: Se agudizaron las relaciones entre el movimiento sindical y el gobierno del partido aprista. El 9 de julio se realizó un paro nacional contra la política económica y social del gobierno. La Federación Minera convocó a una huelga nacional en protesta por la no aprobación de la Ley de Utilidades. El Ejecutivo aprobó, en el marco de las facultades legislativas otorgadas para adecuar la legislación al Tratado de Libre Comercio con los EEUU, una ley que recorta los derechos laborales de la mayoría de trabajadores del sector privado. Se realizaron despidos masivos en los sectores vinculados a la exportación, en varios casos como medidas disciplinarias contra las organizaciones sindicales.

Tercerización: Prosigue la tendencia a subcontratar muchos servicios gubernamentales, generando menos puestos de trabajo en las empresas estatales y en la administración pública, a la vez que dificulta la sindicalización de los trabajadores/as.

Trabajadores/as informales: Alrededor del 70% de la población económicamente activa está empleada en la economía informal, percibiendo salarios de entre 300 y 330 soles. Aunque existen leyes para proteger a los trabajadores/as domésticos así como a los porteadores, éstas no se aplican, por lo que los trabajadores/as quedan totalmente desprotegidos.

Persecución judicial a dirigentes sindicales: El año termino con la denuncia de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de sufrir persecución judicial por parte del Gobierno. El 20 de diciembre fue detenido por la policía Buenaventura Vera Pérez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios (STTCCLB), días después de que arrestasen al representante sindical de Cañete, Favio Carbonero, quien permaneció detenido 28 días sin mediar causa judicial. A esto se suma la situación de 13 dirigentes con orden de captura (entre ellos Olmedo Auris del Sindicato Único de la Educación Peruana) y con procesos judiciales en marcha (Efraín Yépez de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Cusco y Héctor Mamio de la CGTP- Madre de Dios, entre otros).

Despidos por participación sindical: En 2008 continuaron los despidos a dirigentes sindicales de los sectores vinculados a la exportación. El Comité de Libertad Sindical de la OIT denunció las prácticas antisindicales de la empresa Textiles San Sebastián y recomendó la reposición de los trabajadores despedidos, así como el reconocimiento del sindicato.

El Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley denunció el despedido injustificado de tres dirigentes por representar al sindicato fundado en febrero de 2007 y actos de presión de la empresa para que renuncie el resto.

Impedimento de derecho a la huelga y represión: Diversos sindicatos denunciaron hostilidades contra sus dirigentes por organizar y participar en paros o huelgas a nivel de empresa. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú (SUNTRANEP) denunció que la empresa boicotea el derecho de huelga reemplazando a los trabajadores en paro con personal contratado.

En mayo, durante una protesta de mineros contra la empresa Marsa en el departamento de La Libertad, la represión policial se saldó con seis mineros heridos de bala, uno de los cuales, Miguel Yupanqui Ramos, fallecería poco después.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) exigió la reincorporación de 37 trabajadores despedidos por las empresas Southern Peru Cooper Corporación, Minera Barrick Misquichilca, Los Quenuales y Minera Hullanca, por haber participado en una huelga general en junio.

El Sindicato de Trabajadores de Campo Petrex y Afines (Sitracamp) denunció a la transnacional ENI por despedir a 40 afiliados que participaron en una huelga, imputándoles actos de violencia. Según el sindicato las autoridades del Ministerio de Trabajo de la región de Iquitos favorecieron arbitrariamente a la empresa.

Violación a la libertad sindical: La Internacional de los Servicios Públicos (ISP) denunció que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) se negaba a conceder la licencia sindical a Luis Isarra Delgado, Secretario General Adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP).

En marzo el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Icadie, vinculada a la compañía de confección Diseño y Color S. A., interpuso un recurso de amparo a la empresa reclamando la reincorporación de los trabajadores/as despedidos por haber intentado constituir un sindicato en 2007, pese al compromiso de la empresa de reconocer su inscripción.

El Sindicato de Trabajadores de Neptunia denunció que la empresa respondió a la constitución del sindicato despidiendo a sus principales dirigentes (Juan Carlos Castillo, Emilio Girón Tume, Ricardo Arroyo y Abel Nemesio), imputándoles faltas ocurridas en los meses anteriores.

En abril, la empresa Invita Seguros de Vida, que forma parte del Grupo ING, intentó boicotear la constitución del primer sindicato en el sector de seguros, amenazando con despedir a cinco miembros de la ejecutiva sindical (el Secretario General, la Secretaria de Organización, la Secretaria de Defensa, el Secretario de Economía, la Secretaria de Prensa y Propaganda) y a otra trabajadora afiliada al sindicato.

Quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT: El Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú presentó en abril una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por violación a la negociación colectiva y el derecho de huelga. Según el sindicato, la empresa adopta prácticas dilatorias y una actitud intransigente, restringiendo la suscripción de convenios colectivos desde 2002.

En agosto 2008, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nestlé Perú (SUNTRANEP) presentó, conjuntamente con la CGTP y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), una queja por el despido de su Secretario de Defensa, David Rázuri, el 14 de junio del 2007.

La Federación Nacional Unitaria de los Trabajadores Petroleros, Energéticos y Conexos del Perú (FENUPETROL) ha denunciado a diversas transnacionales petroleras por la vulneración de los derechos sindicales.

Tercerización fraudulenta: La empresa International Marine Inc. (IMI) sigue desconociendo al Sindicato Único de Trabajadores Mar y Tierra de IMI Perú, negándose a conceder licencias sindicales y a negociar colectivamente desde 2006. En junio el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo instó a la empresa IMI del Perú a regularizar la situación de 980 trabajadores subcontratados irregularmente.

Discriminación: Trabajadores del Banco del Trabajo denunciaron al Grupo Scotiabank por prácticas antisindicales contra los dos sindicatos que existen en la empresa (Piura y Lima). En abril el Banco creó áreas de trabajo internas para impedir que el personal sindicalizado tuviera contacto con el público y pudiera beneficiarse de las bonificaciones por ventas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de AJEPER denunció el despido de los dirigentes Jesús Arnaldo Acosta, Ramos Dagoberto Villarreal, y Roger Mauro Flores, y la creación de un sindicato patronal en la planta de Huacho que firmó un convenio de 10 años de vigencia que excluye incrementos salariales y aspectos sindicales.

Fuente: Confederación Sindical Internacional CSI.

FSM METAL MINERA VALORA REPOSICION EN SPCC

 

El Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional Sindical de la Metalurgía y la Mineria de la Federación Sindical Mundial ( UIS-MMM de la FSM ), valora de manera positiva la resolución adoptada por la Corte Superior de Justicia de Moquegua en Perú, al obligar a la empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION ( SPCC ) del grupo Mejico a la READMISIÓN INMEDIATA de los 17 trabajadores mineros despedidos arbitrariamente por ejercer el derecho legal de huelga.

Desde este Consejo Ejecutivo de la UIS-MMM de la FSM venimos denunciando con rotundidad y preocupación, las graves y penosas condiciones de trabajo e injusticias a las que se ven sometidos los trabajadores en el sector de la mineria, esclavos de una patronal insaciable que no respeta ni derechos ni ordenanzas laborales.

 En las actuaciones represivas que ejecutan contra los trabajadores las empresas en sú mayoria multinacionales en el sector minero como en este caso la SPCC del grupo Méjico en Perú, tienen responsabilidad directa los dirigentes políticos de la Nación que anteponen por sú connivencia el lucro desmesurado de los intereses capitalistas, al propio interés económico y social del Pais.

Las empresas del sector minero y la SPCC en particular, deben saber que el libre ejercicio de los trabajadores a la huelga NO es una reivindicación a negociar, es un derecho básico y fundamental de la clase trabajadora y por lo tanto nosotros somos quienes decidimos como y cuando activamos democráticamente este instrumento de lucha en la consecución de nuestros objetivos de clase.

Damos nuestro apoyo a la Organización Sindical FNTMMSP y les animamos a seguir en la lucha por los derechos y reivindicaciones pendientes planteadas al gobierno y empresas en el Perú. Nuestra dignidad de clase y nuestros derechos, están por encima de los sucios intereses capitalistas y de los que los permiten.

 

Jesús Mª Gete Olarra

Secretario General de la UIS-MMM de la FSM

Euskal Herria, 08 de setiembre del 2009

 

 

 

PROVINCIA DE SAN PABLO CONTRA MINERA YANACOCHA

Lic. Edilberto Barrantes Terán

Cajamarca, 03.09.09

 

Como dice el refrán, “donde comes no te ensucies”, realmente no me explico, como es, que  una de las empresas de tanto  prestigio en el Perú y a nivel internacional, tenga que estar ejerciendo un comportamiento desagradable en contra  la Provincia de San Pablo (Región Cajamarca), quien le está dando la mano para que pueda realizar sus actividades mineras.

 

Minera Yanacocha, en forma torpe y abusiva  realiza acciones muy malintencionadas contra la heroica Provincia  de San Pablo, tratando con su mal accionar de desaparecer la flora y fauna de la zona. Así como por ejemplo en el año 2005 quiso trasladar las aguas de las 280 lagunas, con Resolución 618, del 01-06-2005, otorgada por malas autoridades de riego de Jequetepeque, con sede en San Pedro de Lloc. En este mismo año, circuló un documento donde los 4 alcaldes y el Prefecto Regional de esa época, comprometían las aguas y tierras de la Provincia, recibiendo cada autoridad, la suma de quinientos mil dólares, caso que paso desapercibido por las autoridades de fiscalización y control de la Región Cajamarca.

 

En el mes de febrero del 2007, la Municipalidad Provincial de San Pablo, emitió una Ordenanza Municipal en defensa de las lagunas, reservando un área de 2,960 Has. para zona ecológica protegiendo el recurso hídrico, especies nativas y fomentar el turismo.

 

El 25 de Mayo, Minera Yanacocha, interpone demanda de amparo en el poder judicial de Lima, aduciendo que la Ordenanza municipal atenta contra la libertad de empresa, industria y trabajo; pero felizmente, el Poder Judicial  ha dado la razón por dos veces a la Provincia de San Pablo.

 

Al verse frustrada en su accionar, acuden ante el Tribunal Constitucional, quienes vieron el caso en la ciudad de Arequipa, el 27 de Abril del presente año, el mismo que se encuentra frustrado hasta la fecha y sin solución.

 

Actualmente, esta empresa ae encuentra construyendo una carretera que por nombre le ha colocado Kunturwasi, que pasa por todo el territorio de la provincia y por lugares donde no hay habitantes, con el cuento que es la vía alterna para dar solución al transporte.

 

Ahora, antes de culminar ésta vía, y sin solucionar sus problemas  con la provincia, ya está nuevamente buscando convencer con una serie de argucias a los pobres campesinos del caserío de Chaupirume Alto a quienes les ofrece una serie de gangas, a cambio que entreguen sus tierras para hacer minería.

 

Chaupirume Alto, se encuentra en el lugar de nacimiento de los afluentes del Río Rejo,  cabecera de cuenca, donde existen tres importantes canales de riego (Sillarume, Pucará- Chilifruta y el Chorro Blanco) que irrigan miles de hectáreas, de la parte baja de la zona. De hacer minería en esta zona, prácticamente estaríamos envenenando el valle Jequetepeque.

 

Es decir, esta empresa viene causando un grave daño económico, ecológico y social a toda la Provincia de San Pablo y aledaños, con la complacencia de sus autoridades y ante un pueblo que clama justicia.

 

Considero, que todas las empresas tienen el derecho a  producir, pero no tienen ningún derecho a contaminar nuestro ambiente. La contaminación es un delito penalizado por las leyes humanas y de la naturaleza.

 

Lo que hacemos mal tiene sus consecuencias en las futuras generaciones y nosotros ya estamos pagando la falta de previsión y de planificación.

FEDERACION MINERA DEFIENDE RECURSOS NATURALES Y SOBERANIA NACIONAL

CEN FNTMMSP

La FEDERACIÓN NACIONAL MINERA (FNTMMSP) ante una serie de roblemas nacionales como: la concesión irracional de los Puertos y los recursos naturales entre ellos el Gas Natural, Hídricos, forestales y otros recursos que vienen siendo entregados a la voracidad de las Empresas transnacionales y siendo responsabilidad del Gobierno cuidar los recursos naturales que son patrimonio de todos los peruanos, no podemos permitir que nuestro país sea conducido hacia un futuro incierto, en este contexto nos dirigimos a la opinión publica nacional e internacional: 1. Ante la incertidumbre económica generada por el sistema financiero y los grupos de poder económico y político internacional, el Perú no es ajeno a este problema, en consecuencia se debe Gobernar con equilibrio, con honestidad impulsando una política nacional que contribuya al fortalecimiento de la democracia, que sea capaz de frenar la corrupción que tanto daño causa al País, el Gobierno tiene que impulsar una política sin discriminación, respetando la dignidad de los ciudadanos más excluidos del País. 2. Es necesario priorizar la atención efectiva a las grandes necesidades de nuestra población dentro de un modelo de desarrollo que promueva la inversión estatal y privada en el contexto de políticas responsables comprometidas con la gobernabilidad del país, evitando generar inestabilidad y conflictos sociales. El Gobierno antes de crear nuevos proyectos "asistencialistas" primero debe atender a la Región Ica destruida por el sismo el 15 de agosto del año 2007. Han transcurrido más de 2 años y siguen esperando el apoyo del Gobierno, este es un problema que requiere atención urgente. 3. Que, habiendo surgido una serie de problemas relacionados con los "contratos para la producción y comercialización del Gas de Camisea" el Gobierno tiene la responsabilidad de revisar esos contratos teniendo en cuenta que el Gas Natural representa un recurso estratégico para el desarrollo nacional debiendo estar al servicio primero de todos los peruanos. El actual Ministro de Energía y Minas tiene una gran responsabilidad frente al País como también el Gobierno. No pueden cerrar los ojos frente a una realidad - todos los expertos en hidrocarburos manifiestan: "que en poco tiempo nos quedaremos sin reservas de Gas Natural por que será exportado dejando al pueblo peruano sin este recurso". Actuar en sentido contrario al interés nacional significaría traicionar al mandato constitucional respecto a la "promoción del bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación" nuestros recursos naturales deben estar orientados al desarrollo del país como herramienta efectiva para luchar contra la extrema pobreza. 4. Expresamos nuestra activa solidaridad con los pueblos amazónicos, que en estos momentos luchan por la reivindicación de sus derechos. Demandamos al gobierno central mayor reflexión respecto a la generación de adecuados espacios de diálogo que permitan arribar a soluciones concretas para otorgar al país tranquilidad y mayor estabilidad económica, política, laboral y social. Exigimos, el cese de actos de persecución política contra los líderes indígenas de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, Cervando Puerta Peña, Saúl Puerta Peña y Teresita Antazú López, así como de los ciudadanos indígenas amazónicos que de manera injusta vienen atravesando procesos de persecución policial y judicial. Nos solidarizamos con las familias de los policías caídos en Bagua y pedimos al gobierno central la atención inmediata a sus demandas por ser de justicia, frente al sacrificio realizado en cumplimiento del deber en beneficio del Estado Peruano. 5. Respecto al caso de Doe Run, reafirmamos nuestro compromiso de defender el derecho constitucional al trabajo de más de 3500 trabajadores que prestan servicio en el Complejo Metalúrgico de La Oroya y en la Unidad de Cobriza, considerando también que es un derecho constitucional y fundamental la protección y defensa de la salud pública por parte del Estado. Por tal razón, la Federación Nacional Minera, demanda a las autoridades competentes atender ambos derechos con responsabilidad, protegiendo el bien de los ciudadanos y la continuidad histórica de La Oroya, sin descuidar la defensa del Medio Ambiente. Demandamos al Comité Técnico conformado por Resolución Suprema, proponer una pronta y adecuada solución en el tiempo previsto, evitando cualquier acto que pueda constituirse en un riesgoso elemento generador de incertidumbres y conflictos en la zona. Circunstancias que se deben evitar. 6. CASO CERRO DE PASCO: Pedimos a la comisión inter institucional, autoridades, congresistas representantes por Pasco, a los verdaderos dirigentes del pueblo, a la Compañía Minera Volcan y ciudadanos en general a dejarse de mezquindades y sentarse en una mesa de dialogo para unificar criterios que permitan buscar la mejor alternativa para solucionar los problemas que aquejan a la ciudad de Pasco. No se puede vivir en una ciudad continuamente contaminada y tampoco si no hay una fuente de ingreso económico. Cerro de Pasco nació minero y hasta hoy su principal actividad es la minería, sin embargó se deben de crear fuentes alternativas de ingreso económico que permitan no depender exclusivamente de la minería. La Federación Nacional Minera advierte que el problema entre la ciudad y la minería pueden crear un conflicto social. Alertamos al pueblo que hay un minúsculo grupo de personas (inquilinos) que pretenden sacar ventaja fungiendo ser defensores del pueblo. 7. CASO DESPIDOS EN SOUTHERN PERÚ, con beneplácito informamos al pueblo en general que los trabajadores despedidos ilegalmente y de manera abusiva por Southern ya han sido repuestos, en el caso de CUAJONE, 10 trabajadores y en ILO 7, para quienes el Poder Judicial resolvió en 2da. instancia favorablemente, faltando que el Poder Judicial en Lima, resuelva en 2da. instancia el caso de los trabajadores de Barrick Misquichilca. ¡ESTOS DESPIDOS NUNCA MÁS DEBEN REPETIRSE, PORQUE COMO FEDERACION MINERA NO PERMITIREMOS MÁS ABUSOS! 8. Expresar el reconocimiento, a la CGTP por su apoyo constante, al Presidente del Congreso Dr. Luis Alva Castro y a los Congresistas de la República de las diversas Bancadas Políticas que atendiendo la demanda histórica de los trabajadores mineros del Perú, han hecho realidad el Proyecto de Ley Nº 847-2006-CR, impulsado primariamente por los congresistas JUVENAL ORDOÑEZ y VICTOR MAYORGA, luego de una lucha prolongada y persistente. Finalmente el Congreso aprobó el Proyecto de Ley de JUBILACION MINERA, el día 27 de Agosto pasado. Con esta Ley se hace justicia a los trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del País, reconociendo así, la sacrificada labor de alto riesgo que significan las actividades mineras. Quedando pendiente la promulgación por el Sr. Presidente de la República Dr. Alan García Pérez. Esta Ley restituirá plenamente los alcances de la LEY DE JUBILACION MINERA Nº 25009, así mismo demandamos la aprobación del Proyecto de Ley Nº 1670-2007-PE de UTILIDADES, POR SER UN ACTO DE JUSTICIA SOCIAL Y DE RESPETO A LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR MINERO, DEBIENDO ASUMIRSE EL COMPROMISO QUE EXISTE CON LA FEDERACIÓN MINERA PARA LA PROMULGACIÓN DE ESTA LEY, afianzando con ello el Estado de Derecho, que nos permitirá avanzar hacia una verdadera democracia, con igualdad de oportunidades para todos. ¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES GAS, PETRÓLEO, AGUA Y LA AMAZONIA! ¡¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS PUERTOS!! ¡¡VIVA LA FEDERACION NACIONAL MINERA!! ¡¡NUESTRA SOLIDARIDAD DE CLASE CON LOS GREMIOS EN CONFLICTO!!

 

PARO DE ESTATALES: 30 DE SETIEMBRE

Por: Mario Huamán Rivera,

Secretario General CGTP

Diario "La Primera"  04.09.09

Ante la negativa del gobierno aprista de realizar una verdadera modernización del Estado que garantice el respeto a los derechos laborales y brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, los trabajadores estatales organizados en la CTE y CITE realizarán un Paro Nacional el 30 de setiembre.

Con el apoyo de la CGTP, los servidores públicos han venido dialogando con el gobierno, presentando diversas iniciativas para encontrar solución a los problemas laborales e institucionales. Lamentablemente, la visión neoliberal del Presidente García, impide lograr consensos que beneficien a los trabajadores, pero si a los intereses de los grupos de poder, como ocurre con el Gas de Camisea, la concesión del Puerto de Paita, entre otros.

El régimen actual se ha dedicado a copar el aparato estatal y promulgar normas que agudizan la problemática en el sector con la dación de decretos legislativos anticonstitucionales aprovechando la implementación del TLC con los EEUU, como son las normas 1023, 1024, 1025, 1026 y 1057, que crean nuevas causales para despedir masivamente, recortar derechos laborales y profundizar diferencias salariales.

El paro se da en el marco de la lucha por un Estado eficiente que responda a los intereses de la mayoría y para denunciar la corrupción y discriminación laboral que el Ejecutivo pretende consolidar a través de una elite de “Gerentes Públicos” con altísimos sueldos (entre 8 y 18 mil nuevos soles), mientras los miles de estatales no pasan de 800. A esto debemos agregar, la injusticia con los contratados por el CAS (antes SNP), quienes laboran con derechos laborales recortados.

En ese sentido, el 9 de setiembre se desarrollará un Encuentro Nacional de Trabajadores Estatales, en el Auditorio de la Universidad San Marcos (al costado del Congreso), donde se establecerán las estrategias para el éxito de la medida y las acciones que se efectuarán de persistir la negativa del gobierno aprista de impedir que nuestro Estado logre la modernización que todos anhelamos. Participarán administrativos, técnicos, personal de los ministerios, universidades, municipales, gobiernos regionales, personal civil de las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, INPE, etc.

Exigimos que el gobierno atienda el pedido de derogatoria de los decretos legislativos anticonstitucionales, aumento de salarios, respeto a la carrera pública, nombramiento de contratados y la construcción de un Estado eficiente para garantizar el desarrollo del país.

AREQUIPA CONTRA LICENCIA APRISTA PARA MATAR

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa – FDTA (Sección Regional CGTP), ante la amenaza aprista de aprobar en el pleno del Congreso, el proyecto de ley que concede a  las fuerzas policiales licencia para asesinar, manifiesta lo siguiente:    

La congresista aprista y ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, ha presentado el proyecto de ley 3393-2009-CR, que establece reglas para el empleo de la fuerza y uso de armas de fuego por la Policía Nacional del Perú, proyecto que se enmarca dentro de la norma que criminaliza la protesta social y que tiene como objetivo amedrentar y desmovilizar a los gremios y movimientos regionales que rechazan la política económica del gobierno, defienden sus derechos y exigen atención a sus necesidades de desarrollo.

 

El proyecto es una respuesta a las luchas desarrolladas por los pueblos amazónicos y comunidades campesinas cuyas demandas el gobierno no tiene la menor intención de resolver porque ello implicaría incumplir con los términos entreguistas del tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos, por tanto, sabe perfectamente que en los próximos días se reiniciarán grandes movilizaciones de protesta  que amenaza con reprimir nuevamente a sangre y  fuego.

 

Lo irónico es que el repudiable proyecto, típico de las más sanguinarias dictaduras, se pretende aprobar utilizando cínicamente el argumento del respeto irrestricto de los Derechos Humanos de la parte que tiene la misión de reprimir salvajemente y que está dotada de todo el equipo y armamento necesario frente a poblaciones que protestan desarmadas e indefensas, cuyas armas son la unidad y predisposición a hacer respetar sus derechos.

 

Como no podría ser de otra manera, el proyecto del Apra consagra la impunidad del crimen aleve, del asesinato a mansalva. En efecto el numeral 11.3 del Art. 11, establece que el personal de la policía nacional que haga uso de su arma estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa y, en caso que se registraran excesos o asesinatos se considerarán como delitos de función y no como delito común, ventilándose en el Fuero Militar y Policial, con lo cual se garantiza la impunidad de los homicidas.

 

La iniciativa aprista pone en marcha lo advertido por el Ejecutivo al renovarse el gabinete ministerial luego de los  sucesos de Bagua y en el Mensaje Presidencial de Alan García del 28 de julio, como es dominio público, en ambas ocasiones se enfatizó en la restauración del orden aplicando todos los recursos legales y, brindando todo el apoyo a las fuerzas represivas para que cumplan con la triste misión de reprimir bárbaramente la justa protesta social.

 

Arequipa, agosto 25 de 2009                  

El Comité Ejecutivo              

Gerónimo López Sevillano

SECRETARIO GENERAL

 

CGTP CONVOCA A VIII AND

La CGTP considera el mensaje presidencial de fiestas patrias, como un mensaje triunfalista y demagógico; sin soluciones concretas a los problemas centrales del país, ya que no define nada sobre el Ley General de Trabajo, aumento de salarios y pensiones, además de medidas concretas para frenar los miles de despidos como consecuencia de la crisis económica y las acciones anti-sindicales de muchos empleadores. Alan García persiste en rematar el patrimonio nacional e incrementar la represión, judicializar y penalizar a la oposición.

El Presidente ignora a los pueblos andinos y amazónicos mientras se exige justicia por las muertes en Bagua, lo que demuestra su falta de autocrítica frente a una masacre provocada por él mismo. Respecto al tema de la crisis económica, el fracaso del Plan de Estimulo Económico fue soslayado del discurso, de igual manera el tema de la corrupción.

Finalmente el gobierno apuesta por el clientelismo, con la conformación de los núcleos ejecutores dejando de lado a los gobiernos regionales y locales. Y en relación a la cuarta lista es el resultado de la lucha de los despedidos y no una dádiva del gobierno más aún cuando han sido excluidos muchos trabajadores. En conclusión nada nuevo, todo sigue igual no se puede soportar el modelo neoliberal y su gobierno. El camino es la unidad y lucha por los cambios que los trabajadores y el pueblo exigen.

En consecuencia, CONVOCA A LA VIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS, a realizarse el VIERNES 25 DE SETIEMBRE del 2009 a HORAS 2:00 P.M. en el Local de la FTCCP, ubicado en Prolongación Cangallo Nº 670 La Victoria. La agenda de la VIII AND de la CGTP es: 1.- Informe Central y Perspectivas del movimiento sindical, político y social y 2.- Aprobación Plan de Lucha y tareas.

REUNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR COMERCIO

Durante los días del 25 al 27 de agosto se desarrolló en Lima, el Seminario “Dialogo Social y Fortalecimiento Sindical” que reunió a delegados de los sindicatos del sector comercio de España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y de Perú, bajo la convocatoria de la Unión Network International-Américas que preside Rubén Cortina.

Se trataron importantes temas previa exposición del panorama internacional y regional de la UNI así como la situación de los trabajadores del sector comercio en cada país y las campañas sobre trabajo digno o decente implementada por esta internacional de los trabajadores de las capacidades y servicios. Entre otros aspectos se trató la constitución de redes sindicales en empresas multinacionales del sector comercio.

Representando a los trabajadores del sector en nuestro país participaron una delegación del Sindicato de Trabajadores de Ripley y de la CGTP Comercio, al respecto María Yoseli Puerta señaló que “en nuestro país siguen en crecimiento los supermercados e hipermercados particularmente de capitales extranjeros donde existen miles de trabajadores con un fuerte componentes de mujeres y jóvenes donde apenas se ganan los salarios mínimos y se viola permanentemente  la libertad sindical puesto que son despedidos si se atreven a la defensa de sus derechos laborales y a constituir el sindicato”. “De este modo podemos decir que en estas empresas hay trabajo precario y no decente en los términos que establece la Organización Internacional del Trabajo” terminó declarando.