PROPUESTA DE AGENDA LABORAL PARA EL NUEVO GOBIERNO

Por: Oscar Alarcón Delgado

Por ser de interés general, particularmente de la clase obrera peruana, reproducimos el presente documento que la Confederacion General de Trabajadores del Perú (CGTP) hizo llegar al Presidente electo Ollanta Humala como parte de la Agenda Laboral con iniciativas para los primeros cien días de gobierno y el plazo mediato correspondiente a resolver. De esta manera la CGTP enarbola las demandas mas justas y urgentes que la clase trabajadora exige con sentido de cambios para la transformación del país, con desarrollo y justicia social. He aquí el documento:

Presentación.

Las reformas laborales introducidas durante el gobierno de Fujimori (1990-2001), significaron la instalación de un modelo que flexibilizó en extremo las relaciones de trabajo. Se impuso el despido libre y arbitrario indemnizado y la ampliación del recurso de la contratación temporal, incluso para labores permanentes (En la actualidad el 51% de los contratos temporales se realizan bajo la modalidad de contrato de inicio o incremento de actividad).

Asimismo, se eliminaron las competencias de control y fiscalización del Ministerio de Trabajo, cambiándolas por un simple sistema de registro y toma de conocimiento. Además se permitió que las services y cooperativas cubrieran hasta el 50% del total de la plantilla de una empresa y que se deslaboralicen los contratos de formación laboral juvenil y prácticas pre-profesionales. Ello, entre otras normas, que se orientaron a la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales.

En materia de Relaciones Colectivas de Trabajo, se aprobó una normativa que mereció 16 observaciones de la OIT por graves violaciones a las normas internacionales ratificadas por el Perú.

Estas reformas afectaron gravemente los Derechos Fundamentales como el de la Libertad Sindical. En el sector privado, la afiliación sindical se redujo del 22% a 4% entre 1990 y 2010 y la cobertura de la negociación colectiva disminuyó del 30% al 5%, en el mismo lapso de tiempo. La dictadura llegó al extremo de asesinar a dirigentes sindicales y sociales para lograr la anulación de toda oposición que pueda hacer frente a esta arbitrariedad.

El modelo social, político y económico vigente no considera al trabajo como una fuente generadora de riqueza y propugna que no es necesaria la participación del Estado para lograr una adecuada distribución. Este sistema no ha sido modificado sustancialmente por los gobiernos posteriores.

Nuestro país no ha revertido los efectos del modelo económico aplicado en la década de los noventa, como si lo han hecho otros gobiernos de la región. Por este motivo, carecemos de mecanismos institucionales que ejecuten redistribución de la riqueza. A esto hay que sumarle, la eliminación de derechos laborales y la muy escasa protección de la negociación colectiva, lo que ha generado la ampliación de la brecha económica entre los peruanos y el incremento de la informalidad, corrupción y de la ilegitimidad institucional.

Este sistema de indefensión que afecta a los trabajadores, sumado a la precarización del trabajo, a la ineficacia de los mecanismos de diálogo social y al total abandono de las regiones, se ha visto graficado en los últimos años con la contradicción entre los altos índices de crecimiento macro económico y la poca o nula capacidad de redistribución de aquella riqueza generada por el trabajo en la ciudadanía (con creación de trabajo digno, aumento de salarios y pensiones, etc).

Si a esto agregamos la desatención de la protección social y dentro de ella la seguridad social como políticas de redistribución del ingreso, tendremos una visión más completa de la situación precaria por la que atraviesan los millones de trabajadores peruanos.

El modelo económico impuesto por el fujimorismo y continuado por Toledo y García privilegia la imposición sobre el diálogo social, como ocurre en el Consejo Nacional del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en otros espacios, con resultados desfavorables para los trabajadores y trabajadoras.

En base a esta realidad y a la situación de desigualdad con la que hemos tenido que desarrollar nuestras relaciones laborales es que nuestra Institución optó por apoyar la propuesta enarbolada por la Alianza Política Gana Perú que lideró el actual Presidente electo, Ollanta Humala.

Consideramos, que es necesario que el nuevo gobierno tenga lineamientos claros sobre la orientación que tendrán sus primeras medidas, más aún teniendo el contexto de que muchas de las fuerzas detractoras en campaña ahora buscan una fórmula de cogobierno, traducida en cargos y ministerios.

EN ESTE SENTIDO, CREEMOS QUE SI SE CONSIDERAN LOS TEMAS EXPUESTOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL MENSAJE PRESIDENCIAL DE 28 DE JULIO, NUESTROS AGREMIADOS Y LA CIUDADANÍA TENDRÁN LA CERTEZA DE QUE LO PROMETIDO POR OLLANTA HUMALA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL, SE HARÁ REALIDAD.

EN LA FORMULACIÓN DEL MARCO GENERAL DEL MENSAJE PRESIDENCIAL ES NECESARIO TENER ENUNCIADOS CLAROS

• La centralidad del trabajo como principal mecanismo de lucha contra la pobreza y redistribución económica, orientado a lo que se denomina “Inclusión social”. Es, a través del trabajo que se deben obtener los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de las familias peruanas.

El empleo inseguro y precario es excluyente e injusto y promueve la informalidad.

El empleo decente es seguro, inclusivo y promueve la formalización. Es un factor que contribuye al desarrollo y crecimiento de la economía nacional a través de sus aportaciones al ahorro interno, el consumo y sus contribuciones en Essalud, pensiones e impuestos, contribuyendo en mejorar la calidad de vida de los peruanos y la estabilidad económica y social del país.

• Se tiene que revertir el concepto de que el trabajador es para las empresas solo un “costo laboral” El trabajador es el factor central de la producción porque la persona es el fin supremo del Estado y sin ellos, las máquinas no producen. Además las buenas prácticas laborales disminuyen el factor de riesgo país, ayudando a mejorar la calidad de las inversiones. Se debe orientar a la erradicación de la idea de la contraposición que existe entre incentivo laboral e incentivo de productividad.

• Revalorizar el derecho a la ciudadanía con el respeto a todas las libertades, como expresión de democracia. En ese sentido es necesario la eliminación de las normas orientadas a la criminalización de la protesta y al abuso por parte malos elementos de las Fuerzas Armadas y Policiales.

• Promulgar la Ley de Consulta Previa a las comunidades indígenas y pueblos originarios. Esto con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales con el fin de proteger sus derechos y garantizar el respeto a su integridad cultural y territorial.

REFORMAS LABORALES QUE DEBERÍAN INCLUIRSE COMO EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ELECTORALES

1. Empleo productivo dentro de los márgenes del “trabajo digno y decente”:

A. RMV: a 750.00 nuevos soles, reajustable progresivamente teniendo en cuenta el incremento del costo de la canasta familiar.

B. Pensión 65 de carácter no contributiva.

C. Incremento de los sueldos, salarios y bonificaciones progresivas al magisterio nacional, incluidos los docentes de Institutos pedagógicos, Tecnológicos, y Universitarios, con carácter pensionable.

2. Recuperación paulatina de los derechos conculcados.

3. Cumplimiento del mandato constitucional de tutela de la libertad sindical y promoción de la negociación colectiva y levantamiento de las observaciones de la OIT.

4. Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e impulso de una Política Laboral Activa desde el Estado hacia todas sus Instituciones.

5. Solución Integral y participativa de la Ley de Carrera Pública, comenzando con la asimilación progresiva al problema de los trabajadores contratados bajo el régimen de CAS (DL.1057) y nombramiento de docentes contratados.

TEMAS QUE EL GOBIERNO TENDRÍA QUE CONSIDERAR DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS PARA LOGRAR LOS ASPECTOS ANTES MENCIONADOS

1. Fortalecimiento del MTPE para que recupere su función tuitiva y fiscalizadora. El objetivo es que, a través del Ejecutivo, se modifique la normativa, otorgándole mayores facultades y real ejercicio de su función tuitiva frente a los ciudadanos. Para lograrlo se necesita:

• Mayor presupuesto para el MTPE.

• En materia de Inspecciones laborales, la creación de la Superintendencia Nacional de Inspecciones Laborales y la modificación de su Reglamento, orientado a otorgar mayores potestades a los inspectores, incrementar los montos de las multas, y que éstas se puedan cobrar independientemente del posterior reclamo judicial. Se debe promover la transparencia institucional, con la publicación periódica de las empresas infractoras. Asimismo, en el caso de atentados contra la libertad sindical, se debe establecer un proceso sumarísimo y de atención preferencial.

• Adecuación de las Directivas del Ministerio de Trabajo al marco constitucional. • Creación de una instancia donde se califiquen los despidos arbitrarios y nulos en los casos de Libertad Sindical. Asimismo, que califique la causalidad en los contratos de naturaleza temporal que permita revisar la desnaturalización de contratos sin necesidad de judicializar dichos temas. Eliminación de los obstáculos a la constitución de sindicatos y respeto máximo de la legalidad a la hora de calificar las huelgas.

• Dación de un Decreto Supremo que dentro del marco de reestructuración del MTPE viabilice la Libertad Sindical con modificaciones a reglamentos y diseño de directivas que equipare los criterios administrativos a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

• Se debe incorporar el objetivo “empleo” como una prioridad en el desarrollo de las políticas públicas, fortaleciendo la Comisión Intersectorial de Empleo-CIE.

• Consolidación del rol rector del MTPE en las políticas de generación de empleo decente, promoviendo políticas adecuadas al respecto que conlleven a la formalización de las MYPES y otras empresas del sector informal, que afectan nuestra economía al no pagar impuestos y consumir menos. • Implementar el Plan Nacional de Formación y Capacitación Profesional.

• Implementar el Plan Nacional de Certificaciones y Competencias Laborales.

• Eliminación de contratación temporal para labores permanentes y regímenes laborales de excepción, tales como el de Agroindustria, Exportación de Productos No Tradicionales.

• El contrato temporal de inicio o incremento de actividad debe eliminarse, así como derogarse el régimen especial que regula las Mypes. 2. Libertad Sindical.

• Aprobación de una Ley de Garantías para la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva. Estas normas deben tener como finalidad promover y fomentar el sindicalismo peruano, como la principal forma de lograr una real distribución de la riqueza. La Negociación Colectiva por Rama de Actividad, la cotización sindical y el otorgamiento de facilidades a los dirigentes con Licencias Sindicales fortalecerá la gestión sindical y fortalecerá la democracia.

• A través del Ejecutivo, se debe derogar los decretos Legislativos 982, 983, 988, 989.

3. Eliminación de la precariedad de relaciones laborales ocasionada por la subcontratación y la desnaturalización de la ley por parte del reglamento de Intermediación y Tercerización. A través del Ejecutivo se deberá modificar el Reglamento de la Ley de Tercerización, eliminando las cooperativas de trabajadores e implementado el principio de la responsabilidad solidaria con la empresa principal.

4. Impulsar desde el Ejecutivo y a través del Ministerio de Justicia, firme y sostenidamente la implementación de la nueva ley procesal laboral, para resolver los problemas de retardo exagerado de la justicia laboral. Dotando de facultades, personal y recursos económicos necesarios, para que ésta se aplique a nivel nacional de forma inmediata.

5. Plantear al Congreso de la República, a través del Ejecutivo, el levantamiento de las observaciones hechas por la OIT a la legislación laboral. El Estado debe honrar los compromisos asumidos en el marco de la suscripción de una serie de Convenios firmados con la OIT, los cuales a la fecha nos encontramos incumpliendo, toda vez que no hemos adecuado nuestra normativa nacional bajo los parámetros sucritos. Asimismo, se deberá proceder, entre otros, al levantamiento de reservas al Convenio 156 de la OIT sobre Responsabilidades Familiares Compartidas.

6. A propuesta del Ejecutivo, se postula la ratificación de los convenios internacionales de la OIT.

• Convenio 183 sobre protección de la maternidad, que regula la protección del empleo y no discriminación, así como el otorgamiento de licencias con prestaciones pecuniarias.

• Convenio 135 sobre representantes de los trabajadores, que prevé las facilidades que se debe de otorgar a los representantes de los trabajadores en la empresa.

• Convenios: 155, 161, 187; los cuales coadyuvan a garantizar el cabal respeto e implementación de sistemas de prevención en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo

• Convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores del hogar, recientemente aprobado en la Conferencia internacional de la OIT, y que establece condiciones laborales más adecuadas para las trabajadoras del hogar.

• Convenio 154 Negociación Colectiva, que prevé las normas para fomentar la negociación colectiva.

• Convenio 131 referido al método de fijación de los salarios mínimos, pues establece el dialogo social de los actores económicos para fijar los salarios.

7. Seguridad Social

• Aprobar el proyecto de Ley de Reestructuración de la ONP.

• Aprobar el proyecto de ley que garantiza la participación de los asegurados en las instituciones de la seguridad social, ONP y AFP así como en las de recaudación como la SUNAT.

• Garantizar el derecho a la libre e irrestricta desafiliación de los trabajadores de las AFP.

8. Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Dación de Ley Marco, teniendo como base el Dictamen del Proyecto de ley N° 4324-2010-CR, la cual a la fecha se encuentra en el Ejecutivo, a la espera de la revisión y firma del Presidente.

9. Desigualdad e inequidad de género.

• Presentar, a través del Congreso, un proyecto de Ley de Responsabilidades Familiares Compartidas.

• Desde el Ejecutivo, se propone la implementación de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades, con presupuesto propio para su ejecución y un reglamento adecuado vía decreto supremo, que permita su habilidad.

• Asimismo, desde el Ejecutivo, a través de los ministerios de la Mujer y de Trabajo, diseñar e implementar un programa para promover la No Discriminación en el Trabajo, en el marco de los Convenios 100 y 111 de la OIT, ratificados por el gobierno peruano. Así como uno relativo a la protección frente al acoso y violencia sexual en el trabajo en sus diversas formas.

10. Promover el Diálogo Social a través de todas las Instancias gubernamentales. Se propone que a través del Ejecutivo, se reforme del Consejo Nacional del Trabajo, y se implementen otras instancias de dialogo social. Desarrollándolas en un marco real de interlocución valida entre pares, e implementando una política de diálogo con resultados. En el sector público: (100 días)

11. Aprobación de una Ley de Carrera Pública que elimine la dispersión de los diferentes regímenes, ordenando la política remunerativa, incentivos y compensaciones.

12. Se propone la derogatoria del DS Nº 051-91-PCM que limita ingresos a los trabajadores y trabajadoras y que restituya la remuneración total como base de cálculo para los beneficios laborales.

13. Se propone la derogatoria inmediata de los Decretos Legislativos Inconstitucionales, como el 1025 (evaluación) y 1026 (gobiernos locales y regionales). Discusión de los Proyectos de Ley 2741 – 2008 / 2776 – 2008; y pase progresivo a planilla de CAS y nombramientos.

14. Se propone la derogatoria del DS Nº O44-2011-PCM referente a la transferencia a gobiernos locales y regionales. Por una transferencia ordenada, concertada y planificada, con autonomía administrativa, económica, financiera y fiscal del sector Salud y Educación a los gobiernos regionales. Por una verdadera descentralización de los servicios públicos.

15. Se propone la derogatoria de la Ley Nº 28988, que incorpora a la educación, como servicio público esencial.

16. Solución total, integral e inmediata a los trabajadores cesados durante la dictadura de Fujimori y revisión de expedientes de acuerdo a sus leyes vigentes.

17. Se requiere el financiamiento pleno y permanente por parte del gobierno central frente a las transferencias de personal y de servicios a los gobiernos locales. Asimismo, de las sentencias dictadas por la corte interamericana de derechos humanos.

COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE SE ESPERAN SEAN EJECUTADAS DENTRO DEL PRIMER AÑO A EFECTOS DE CONSOLIDAR LOS CAMBIOS, SE DEBEN RESOLVER LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN EL CONGRESO:

1. Ley General de Trabajo.- Se propone fomentar su aprobación. Previamente se deberá conformar una comisión de expertos que actualice, sistematice y proponga mejoras necesarias. En un plazo Máximo 90 días.

2. Nueva Ley de Carrera Pública Magisterial sobre la base de los derechos contemplados en la Ley 24029 y su modificatoria 25212, involucrando a quienes se rigen por la Ley 29062.

3. Garantizar la intangibilidad de los fondos de la seguridad social.

4. Aprobar disposiciones dentro de la Ley de Presupuesto Anual de la República, que incremente el aporte al SIS.

5. Mejorar las pensiones públicas, de acuerdo a los estándares de los Convenios Internacionales, incremento de la pensión a los beneficiarios de la 20530 y modificatoria de la base de cálculo de los cesantes y jubilados de la 19990. Si bien no forman parte directa de nuestra agenda laboral, urge atender otros temas que afectan al desarrollo de nuestro país y de hecho de todos los peruanos y que integran una agenda social que detallamos a continuación.

1. Nueva Ley Universitaria con la participación de todos sus actores (docentes, estudiantes y administrativos). Revalorar e impulsar la educación superior técnica, pedagógica y artística, integrándola al Proyecto Educativo Nacional.

2. Revisión de la acreditación de institutos superiores tecnológicos afectados por la injerencia política.

3. Derogatoria de los Decretos Legislativos Nº 1012 y Nº 1031, normas que promueven la privatización de las empresas estratégicas. Así como los Decretos de Urgencia N 001-2011-PCM y 002-2011-PCM.

4. Recuperación del Gas de Camisea para los peruanos.

5. Cumplimiento irrestricto de la Ley de Educación Superior Nº 29394.

6. Acciones concretas de prevención y sensibilización para proteger la salud de las trabajadoras frente a la TBC, VIH, mortalidad materna, especialmente en regiones y sectores de alto índice (Trabajadoras de Limpieza Pública y sector Salud). Este documento refleja las demandas básicas de los trabajadores y trabajadoras peruanos, cuya atención permitirá lograr un desarrollo inclusivo de nuestra sociedad.

Lima, 14 de Julio de 2011

MARIO HUAMAN RIVERA, Secretario General CGTP

CARMELA SIFUENTES INOSTROZA, Presidenta CGTP